Hace muy poco, en tiempos del gobierno de Juan Manuel Santos y en medio de la beligerancia de la oposición, uno de los líderes políticos de un partido de derecha justificaba, con cierto cinismo, que lo que ellos promovían era la resistencia civil, concepto teñido entonces de las ideas del llamado "Estado de opinión". Otro dirigente de ese mismo partido acompañó la convocatoria apelando al Deber de la desobediencia civil, de Henry David Thoreau. Digo que había cierto cinismo porque difícilmente podrían encontrarse dos visiones del mundo más distantes que el pensamiento de Thoreau y los ideales políticos de quienes entonces invocaban su nombre. Ellos lo sabían.
Sin embargo, el tiempo tiene la extraña virtud de obligarnos a revisar nuestras propias certezas. Colombia vivió por primera vez un gobierno de izquierda elegido democráticamente. Ese gobierno terminó su mandato y quien hoy encabeza la oposición, después de reconocer públicamente el resultado electoral, vuelve a convocar una desobediencia civil pacífica como forma de incidencia política. La historia, caprichosa, devuelve las palabras a escenarios distintos y obliga a preguntarse de nuevo qué entendemos realmente por desobediencia civil.
Vale la pena volver a Thoreau. Él nunca concibió la desobediencia civil como una estrategia para conquistar el poder ni como un mecanismo para desconocer la democracia. La entendía como un deber moral frente a aquello que la conciencia considera profundamente injusto. Su fuerza no provenía de las armas ni de la violencia, sino precisamente de la renuncia a ellas. Décadas después Gandhi convertiría esa intuición en una fuerza política capaz de derrotar un imperio, y Martin Luther King demostraría que la desobediencia civil podía ampliar derechos y fortalecer la democracia sin destruirla. Los tres compartían una convicción sencilla y profundamente revolucionaria: la conciencia puede llegar a ser más poderosa que la fuerza.
La desobediencia civil vuelve entonces al ruedo, despojada del ropaje oportunista con el que tantas veces se la ha utilizado y recuperando, al menos en teoría, su sentido original. Actuar frente al poder en búsqueda de aquello que se considera no solo necesario sino también justo. No es, o no debería ser, un acto partidista ni mucho menos violento. No pertenece a la derecha ni a la izquierda; no es una revolución burguesa ni proletaria. Es, ante todo, una forma de incidencia política nacida de la conciencia ciudadana. La fuerza de los desobedientes proviene de la indignación, pero también de una decisión ética: negarse a aceptar pasivamente aquello que consideran injusto.
Muchas veces las acciones de desobediencia civil se desencadenan por hechos concretos que permiten comprender que las decisiones del poder amenazan la tranquilidad, el bienestar o incluso la vida de quienes desobedecen. La explosión social suele comenzar con un acontecimiento específico, pero su verdadera dimensión nace de una acumulación de agravios. En Chile fue el aumento del precio del metro; en Francia las reformas pensionales; en Cataluña el conflicto sobre la independencia; en el Reino Unido el Brexit. Ninguna de esas movilizaciones puede entenderse únicamente por el hecho que las detonó. Todas expresaban malestares mucho más profundos.
En Colombia gran parte de esas explosiones han surgido por razones igualmente diversas: el asesinato de líderes sociales, el bombardeo y muerte de menores en Caquetá, la fosa común encontrada en Dabeiba, la crisis de la universidad pública, los incumplimientos de los acuerdos con las FARC, con los pueblos indígenas y un largo etcétera que terminó reuniendo múltiples formas de resistencia social no reducibles a los partidos políticos. Cuando afirmo esto no quiero decir que esos movimientos carezcan de pensamiento político. Lo tienen. Pero ese pensamiento ya no cabe cómodamente dentro de las viejas categorías ideológicas. Es una sensibilidad más amplia, más ecologista, más feminista, más libertaria, más territorial y más cercana a la democracia participativa que a la mera representación.
A diferencia de algunas personas amigas, sigo creyendo que la desobediencia civil no es una movilización liderada por los partidos políticos, casi siempre tentados a convertir toda indignación en capital electoral. La entiendo mejor como una movilización que se nutre de la infinidad de movimientos sociales que hacen resiliencia desde lo local, desde el barrio, la vereda, la comunidad y también desde las redes. Hablaría de la sociedad en red, o quizá de la trama profunda de la cultura. Esos movimientos existen mucho antes que las marchas mismas y sobreviven mucho después de que estas terminan. Se fortalecen en la confianza construida día tras día, cara a cara, en los territorios.
Una movilización alimentada por la desobediencia civil busca cambiar las dinámicas de la política y crear otra manera de hacer política; un lenguaje distinto; un orden político nacido de la participación y no únicamente de la representación, o, mejor dicho, una representación permanentemente sometida a la participación ciudadana y vigilada por ella. Busca abrir el sistema político a las miles de experiencias locales y a las expresiones culturales que nacen y resisten en los microterritorios. Pretende romper los liderazgos individuales y mesiánicos para sustituirlos por liderazgos colectivos capaces de sumar inteligencias, diversificar lenguajes, ampliar horizontes, debilitar dogmas y asumir la libertad como horizonte compartido.
No se trataría de que los viejos partidos, de izquierda o de derecha, incorporen algunas demandas sociales a sus programas. Se trataría de algo mucho más profundo: que emerjan nuevas formas de organización política construidas desde abajo, desde la diversidad, desde la pluralidad y desde la riqueza cultural de los territorios. Se trataría de transformar el Estado transformando primero la cultura política. De construir una democracia alimentada por la experiencia cotidiana de mujeres y hombres organizados, una democracia que no se limite al acto de votar cada cuatro años.
Quizá aquí convenga hacer una precisión que el paso del tiempo vuelve necesaria. La desobediencia civil no debería organizarse únicamente alrededor de los gobiernos de turno. Si depende exclusivamente de quién ocupe el poder terminará convirtiéndose en un instrumento partidista. Su verdadera fuerza consiste en organizarse alrededor de causas capaces de interpelar a toda la sociedad.
Pienso, por ejemplo, en una desobediencia civil permanente contra la guerra que Colombia arrastra desde hace tantas décadas; una desobediencia civil contra la corrupción, sin importar quién gobierne; una desobediencia civil contra toda forma de discriminación que niegue la dignidad de cualquier persona. Esas luchas no pertenecen a un partido. Pertenecen al país. Son causas que deberían movilizar por igual a quienes votaron por el gobierno y a quienes votaron por la oposición.
Desobedecer no significa destruir la democracia. Significa recordar que la democracia no termina el día de las elecciones. Entre una elección y otra existe un inmenso territorio de participación, vigilancia e incidencia política que ninguna ciudadanía debería abandonar. La desobediencia civil constituye quizá una de las expresiones más exigentes de esa ciudadanía porque obliga al poder a escuchar sin recurrir a la violencia. Esa fue la enseñanza de Thoreau; esa fue la revolución ética de Gandhi; esa fue la fuerza moral de Martin Luther King.
Es, si se me permite, una movilización cultural. Una forma de transgredir la resignación antes que la ley; una manera de ampliar la democracia antes que de sustituirla. No busca gobernar desde la calle sino impedir que el poder deje de escuchar a la calle. Tal vez Colombia necesite convertir la desobediencia civil en una práctica democrática permanente, capaz de enfrentarse, sin odio y desde la noviolencia, a sus tres enemigos históricos: la guerra, la corrupción y la discriminación. Solo así dejará de ser una herramienta ocasional de la oposición para convertirse en un patrimonio ético de la ciudadanía.
Y quizá esa sea la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: si desobedecer pacíficamente la injusticia no es un deber ciudadano, ¿qué nombre le damos entonces a la obediencia frente a ella?
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